miércoles, 1 de octubre de 2008

Forzar la esterilidad es la mayor injusticia


Por Cristián Conen Especial para La Nación
Noticias de Información general

Domingo 11 de junio de 2000 Publicado en edición impresa

El dictamen de mayoría de la ley de salud reproductiva y procreación responsable propone, entre otras cosas, informar, asesorar, prescribir, colocar y suministrar anticonceptivos.
Si bien no se menciona expresamente la inclusión de anticonceptivos de efecto abortivo, no se precisa el concepto de abortivo. La implantación del embrión en el útero, y no el momento de la concepción, es considerado por muchos propulsores de leyes de salud en la Argentina y en otros países como el comienzo de la vida humana.
Es evidente que, con dicha manipulación conceptual sin fundamento científico, el dispositivo intrauterino o la llamada píldora del día después, no son considerados abortivos para la ley, cuando científicamente lo son.
El proyecto de la mayoría también habla de informar y distribuir contraceptivos a todas las personas en edad fértil, incluidos los menores, sin tener en cuenta el parecer de los padres, lo cual resulta violatorio del régimen de patria potestad contemplado en el Código Civil y en la convención sobre los derechos del niño de la ONU, incorporada a nuestra Constitución nacional.
Esto alienta y promueve una conducta de promiscuidad sexual entre los jóvenes que está generando un aumento del aborto y del SIDA. Ningún método anticonceptivo es totalmente seguro para evitar embarazos y eliminar el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
El llamado sexo seguro es falso. Por ejemplo, el preservativo reconoce de un 15 a un 20 por ciento de error, especialmente cuando es usado por adolescentes. Si consideramos que el virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide, puede deducirse el riesgo a que se exponen los jóvenes al usar preservativos que se le promueven.
Por razones comerciales se silencian habitualmente los efectos secundarios perjudiciales en la salud de la mujer de la mayoría de los anticonceptivos y, en cambio, no se educa en el método natural sintotérmico de identificación de la fertilidad, que reconoce el 99,60% de efectividad (mayor que el DIU, los condones, el diafragma y la píldora), es gratis y no tiene efectos secundarios en la salud de la mujer.
La norma por tratarse quiere reconocer y sancionar como derechos reproductivos la libre decisión de la mujer sobre sus deseos y necesidades en materia de sexualidad y reproducción, abriendo así la posibilidad a una futura despenalización del aborto, mediante la estrategia de la "educación para la salud", para lograr la aceptación de las conductas propuestas.
Se trata de perjudicar a los sectores más necesitados induciéndolos a la anticoncepción. Privar de hijos a esos sectores es privar a los padres de contar con su ayuda y apoyo cuando llegan a la juventud y cuando los padres no puedan sostenerse a sí mismos. Forzarlos a la esterilidad es la mayor injusticia que se puede cometer. La ley propuesta no es novedad en la Argentina. Son normas que, inspiradas en las erróneas tesis Malthusianas de agotamiento de los recursos naturales por el crecimiento poblacional, son exportadas por las naciones que tienen poblaciones envejecidas e índices de natalidad inferiores al necesario para el recambio generacional.
Como efecto de estas leyes de "salud reproductiva", las naciones en vías de desarrollo están asistiendo a la reducción de sus poblaciones. El problema del tercer mundo es la pobreza, no los pobres. Se trata de reducir la pobreza, no de eliminar a los pobres.
Lo que la Argentina necesita no son leyes de control demográfico, sino una ley de protección integral de la familia desde los ámbitos educativo, tributario y laboral, entre otros.
La educación de la sexualidad como parte de una política familiar es necesaria, pero sus sujetos activos naturales son los padres, no el Gobierno.
La procreación responsable es igualmente necesaria pero decidida en la intimidad del matrimonio, conociendo los métodos naturales, que no dañan la salud, tienen altísima efectividad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y son gratuitos, es decir, accesibles a todos.

El autor es director del Instituto de Ciencias para la Familia Universidad Austral

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